Nueva ley exigirá autorización de las personas para el uso de sus datos
El Mercurio, 19 de mayo 2010
Proyecto será una de las primeras medidas de la Agenda Impulso Competitivo:
Gobierno optó finalmente por separar la discusión legislativa sobre deuda consolidada y protección de datos personales.
Silvana Celedón Porzio
Si el proyecto de ley del Gobierno es aprobado, todas las personas se convertirán en las dueñas absolutas de sus datos. Es decir, las empresas no podrán vender o distribuir los datos de sus clientes, sin la autorización explícita de éstos.
La modificación de la Ley 19.628 es el objetivo central del proyecto que afina el Ministerio de Economía y que se convertirá en una de las primeras iniciativas de la Agenda Impulso Competitivo en ingresar al Congreso.
De acuerdo a fuentes de Gobierno, la idea es aclarar los principios de finalidad, proporcionalidad y consentimiento respecto de la información de las personas naturales y jurídicas. De lograrlo, Chile se alinearía con los estándares de la OCDE, en cuanto al derecho de propiedad de los titulares de los datos y los usos permitidos, lo que resulta fundamental para la industria de almacenamiento y procesamiento de datos.
Pero, contrario a lo que intentó el gobierno anterior, el Ministerio de Economía no abordará en este proyecto el tema de la deuda consolidada (que obligaría a la banca y al retail a unificar los datos de sus clientes).
Eso sí, la actual iniciativa innovará en materia de sanciones. La Ley 19.628 no contempla multas específicas, por lo que el proyecto establecerá castigos de hasta 10 mil UTM por el mal uso de información de las personas, comenta el diputado UDI, Gonzalo Arenas, quien ha estado en conversaciones con el Ejecutivo por este tema.
Si bien el Ejecutivo no ha tomado una decisión respecto de la fórmula para reactivar este debate, a juicio del legislador es conveniente que se opte por un proyecto nuevo en lugar de ingresar una indicación a una propuesta presentada por la Concertación, ya que la iniciativa del Ejecutivo plantea una serie de cambios a la idea original.
Además Arenas apoya la decisión de separar el tema de la deuda consolidada. Una opinión distinta tiene el senador PPD, Eugenio Tuma, quien argumenta que los datos personales y la información comercial se deben abordar en "forma integral".
''Deuda consolidada y protección de datos personales son dos temas que se abordarán en proyectos distintos".
JUAN ANDRÉS FONTAINE,
MINISTRO DE ECONOMÍA
Es muy positivo que el Gobierno separe aguas y proponga una ley de protección de datos en línea con los estándares de la OCDE".
GONZALO ARENAS,
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA.
Los datos clave de la propuesta
Deuda consolidada
De acuerdo con fuentes de Gobierno si bien la deuda consolidada y la protección de datos se abordarán en proyectos distintos, los principios serán los mismos: mejores estándares internacionales, especificación del uso de datos, que las personas puedan exigir la corrección de los datos incorrectos, que los datos que soliciten las empresas sean acotados a un fin y que el titular autorice explícitamente la entrega de la información.
Nueva unidad de Sernac
Además de crear entidades acreditadoras, una de las ideas que se está evaluando es crear una nueva unidad en el Sernac, que se concentre en la protección de datos. Pero esto obligaría entregar más recursos al ente fiscalizador, tal como ocurrió con el Sernac Financiero. De ahí que se está analizando este tema con la Dipres.
Resguardos
A juicio del Ejecutivo es necesario contar con un marco normativo para que las empresas que manejan datos transfronterizos cuenten con una legislación moderna que dé confianza a otros países que sus datos tendrán buen resguardos en Chile. El diagnóstico del Gobierno es que este tema impacta la competitividad.
Iniciativa propone crear entidades acreditadoras
Crear una fiscalía de datos o bien que el Consejo para la Transparencia abordara la protección de la información de las personas son algunas de las propuestas que se barajaron durante la administración pasada y que no tuvieron total apoyo a nivel legislativo, de ahí que no prosperaron.
El Gobierno planteará un enfoque distinto. La idea es establecer entidades acreditadoras del cumplimiento normativo y el respeto de la protección de los datos personales.
De acuerdo con fuentes que han participado en la elaboración de la iniciativa, el objetivo del Ejecutivo es contar con un procedimiento que representará una especie de "sello de calidad" que asegure que las empresas aplican buenos estándares en protección de datos.
Tales firmas certificadoras deberán estar acreditadas en el Sernac. Y si bien este proceso será voluntario, habrá un incentivo para contratar este servicio, ya que si una empresa fue certificada y luego obtiene una fiscalización negativa por parte del Gobierno, la firma certificadora deberá incurrir en una indemnización por errores en el proceso de chequeo, explica el diputado UDI Alberto Arenas.
Este enfoque está en línea con el aplicado durante la puesta en marcha de la Ley de Subcontratación, normativa que creó un proceso de certificación para las subcontratistas, servicio que fue entregado por auditoras privadas y la Dirección del Trabajo.
